Mientras el Congreso se niega a derogar la ley pro crimen organizado, avanza como prioridad una propuesta para golpear la composición de la JNJ y empoderar las acusaciones constitucionales contra sus detractores.
La ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional es una propuesta que nació de la Comisión de Constitución del Congreso, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi. Tiene dos contrarreformas que han encendido las alarmas: 1) reduce los votos para resolver conflictos competenciales en el Tribunal Constitucional (TC) y 2) impide revertir las decisiones tomadas por los congresistas en procesos de acusación constitucional y otras decisiones.
La semana pasada, mientras diversos gremios empresariales exigieron la derogación de la Ley 32108 pro crimen organizado, la Junta de Portavoces del Congreso sesionó de manera virtual para ampliar la agenda de temas a tratar en el Pleno. Ocho voceros firmaron a favor de incluir en la discusión el dictamen que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional. Se trata de una propuesta que se suma a los ataques del Congreso contra el sistema judicial.
El impacto en el caso JNJ
Como se sabe, en marzo de este año el Pleno aprobó una acusación constitucional contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez. La sanción impuesta como parte de ese juicio político fue la inhabilitación de la función pública. Eso provocó que Tello y Vásquez dejen sus cargos de inmediato. Sin embargo, luego ellos presentaron una demanda de amparo contra ese veredicto ante el Poder Judicial.
Una medida cautelar permitió que los juristas Tello y Vásquez retornen temporalmente a la JNJ. El Congreso consideró que el Poder Judicial vulneró sus funciones y presentó una demanda competencial en el Tribunal Constitucional (TC). Esta institución dispuso mantener la destitución hasta que se resuelva el conflicto.
Sin embargo, luego el Poder Judicial resolvió el tema de fondo en la demanda de amparo y resolvió que Tello y Vásquez se reincorporen a la JNJ tras una inhabilitación irregular. En el Congreso aguardan que el TC los salve validando su acusación constitucional para separar a los dos magistrados.
Las demandas competenciales se resuelven con cinco votos en el pleno del TC. La ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional reduce esos votos necesarios a cuatro. Así la valla se reduce. El Congreso pretende usar esa norma para inclinar la balanza a su favor en la resolución del conflicto por el caso JNJ y así lograr separar a Tello y Vásquez.
Este viernes habrá una audiencia en el TC y el magistrado Vásquez será escuchado. Para ese día, el Congreso ya podría haber aprobado esta ley.
