El pasado sábado 15 de junio concluyó el período anual de sesiones 2023-2024 en medio de una gran incertidumbre ocasionada por la intención del Congreso de eliminar la Junta Nacional de Justicia, la "ley de amnistía", entre otras.

Sin embargo, el Pleno culminó con la aprobación del otorgamiento de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Posteriormente, Alejandro Soto anunció que la Comisión Permanente se encargará de presidir el Congreso durante este periodo de receso parlamentario.

La Comisión del Congreso legislará hasta el 19 de julio. Ante ello, ha surgido la interrogante de si esta pequeña cámara, que suple al Congreso, podrá eliminar la Junta Nacional de Justicia y decidir sobre otras leyes antidemocráticas. La respuesta es no.

De acuerdo al artículo 101 de la Constitución, la Comisión Permanente no tiene decisión en materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto y ley de la cuenta general de la República.

"No obstante, sí puede aprobar créditos suplementarios, así como designar al contralor general, a propuesta de la presidenta Dina Boluarte."

Durante las últimas semanas previas a que acabe su legislatura, la comunidad internacional se opuso a las pretensiones autoritarias del Congreso. Sin embargo, desde la Mesa Directiva, dominada por Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, se ha decidido enfrentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y guardar silencio ante la exhortación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto a la ley de amnistía para delitos de lesa humanidad.

Mediante un comunicado, el Parlamento respondió a la Corte IDH: "El Congreso, primer poder del Estado peruano, es igualmente independiente en las decisiones que, por mandato constitucional y legal, le corresponden. Por lo tanto, rechazamos cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones", sostuvo.

El jueves 13, la Corte IDH resolvió solicitar al Estado peruano suspender el trámite del proyecto de ley que promueve la prescripción de los delitos de lesa humanidad. La corte había señalado que esta iniciativa no debe aprobarse "hasta que la Corte IDH cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la referida solicitud de medidas provisionales y su impacto en los casos Barrios Altos y La Cantuta".