En manos de los jueces. Para el exasesor Aníbal Torres, los exministros y excolaboradores, penas de 15 hasta 25 años de cárcel por delitos de rebelión y contra la tranquilidad pública.
La ley es dura. Los fiscales piden lo máximo posible de lo que marca la ley penal, pero, al fin y al cabo, todo dependerá de lo que decidan los jueces al concluir el debate de las pruebas, los argumentos de defensa y el análisis jurídico de los hechos durante el juicio público.
Por lo pronto, el expresidente de la República Pedro Castillo Terrones se enfrenta a un pedido de 34 años de cárcel por delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, por el frustrado intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
La acusación fue presentada este viernes 12 de enero por el fiscal Daniel Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios, ante el Juzgado de Investigación Preparatoria, que atiende el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria.
La Fiscalía también pide penas altas, hasta 25 años de prisión, para los exministros Betssy Chávez Chino, Roberto Sánchez Palomino, Willy Huerta Olivas y los oficiales PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, quienes habrían contribuido con las acciones del mandatario.
Igualmente, se pide 15 años de cárcel para el expremier y exasesor presidencial Aníbal Torres, al atribuírsele solo el delito de rebelión. Al expresidente Castillo y sus exministros y excolaboradores se les suman las penas máximas de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública.
Por este caso se encuentran cumpliendo prisión preventiva el expresidente Castillo y la expremier Betssy Chávez. Él en el penal especial de máxima seguridad del exfundo Barbadillo, al este de Lima. Ella está recluida en el penal anexo a la prisión de mujeres de Chorrillos.
