Criterio. El MEF y Midagri advierten que derogatoria del régimen heredado del fujimorismo tras las protestas a fines del 2020 afectó a la agroexportación.
La ley de promoción agraria (Ley 27360), gestada en el ocaso del régimen de Alberto Fujimori como una medida temporal, estuvo vigente hasta fines del 2020 y fue derogada por el rechazo social, especialmente de los trabajadores de la agroexportación que, durante años, exigieron mejoras salariales considerando el boom y las facilidades tributarias que les daba a las empresas esta norma —coloquialmente llamada también ley Chlimper.
El expresidente Francisco Sagasti promulgó una ley remitida desde el Congreso, en la que se fijaba que la mano de obra agroexportadora participe del 5% de las utilidades de las empresas, y progresivamente, esta subiría al 10% recién en 2027; además de percibir la CTS, gratificaciones, un bono especial del 30% de la remuneración básica y vacaciones, principalmente.
En tanto, las empresas ya no iban a gozar eternamente de pagar apenas el 15% del Impuesto a la Renta, sino, de acoplarse al 29,5% como rige para el resto, aunque este ratio iba a alcanzarse paulatinamente en 2028.
