Un hecho grave y hasta hoy inexplicablemente silenciado viene ocurriendo en la Red Asistencial Piura de EsSalud. A inicios del mes de diciembre se reportó la desaparición de un dron moderno y una cámara fotográfica profesional, equipos pertenecientes a la Oficina de Relaciones Institucionales.

Lo alarmante no es solo la pérdida de estos bienes, sino el contexto en el que ocurre. De acuerdo con información conocida al interior de la institución, las sospechas recaen a nivel de presunción en trabajadores con abierta militancia o cercanía a partidos políticos, cuyos líderes hoy aspiran a la Presidencia de la República.

Entre los nombres que generan preocupación figuran integrantes vinculados a Fuerza y Libertad, partido liderado por Fiorella Molinelli, así como personal identificado con Alianza para el Progreso, de César Acuña, y Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. Si bien no existe hasta el momento una investigación concluyente, la reiterada mención de estos vínculos políticos ha encendido las alarmas dentro de la Red Asistencial.

Más grave aún resulta que, pese a que la Oficina de Asuntos Jurídicos tendría conocimiento del caso, no se ha presentado denuncia alguna, no hay informe público, ni acciones visibles orientadas a esclarecer los hechos. A ello se suma el silencio absoluto del gerente de la Red Asistencial Piura y de su administrador, quienes hasta hoy no se han pronunciado sobre la desaparición de bienes del Estado.

Este mutismo institucional abre serias interrogantes:
¿Se está protegiendo a alguien por afinidad política?
¿Se ha normalizado la pérdida de bienes públicos dentro de EsSalud Piura?
¿Quién responde ante la ciudadanía y los asegurados?

La politización interna, lejos de fortalecer a la institución, parece estar debilitando los principios de transparencia, control y responsabilidad. La desaparición de equipos estratégicos no puede quedar en el olvido ni diluirse en silencios convenientes.

La población piurana merece saber la verdad. Callar este hecho es permitir que se repita. Urge la intervención de las instancias correspondientes, el inicio de una investigación inmediata y un pronunciamiento claro de las autoridades. El patrimonio del Estado no puede convertirse en botín ni en daño colateral de intereses políticos.