Mateo Castañeda y Eduardo Barriga mencionaron el nombre de un testigo protegido durante una entrevista en TV lo que violaría la ley penal y el Código de Ética del abogado
Después de varios meses, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) admitió a trámite la denuncia contra el exabogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, por revelar la identidad de un testigo protegido durante un reportaje de Panorama. La queja fue presentada por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y, también incluye a la defensa de Castañeda Segovia, Eduardo Barriga.
De acuerdo con el Código de Ética del CAL, "si un abogado, dentro del ámbito de sus funciones, devela la identidad de un testigo protegido, estaría cometiendo una falta ética grave". Esto debido a que implica "una violación a los principios de confidencialidad, lealtad y protección de los derechos de las partes involucradas, especialmente del testigo".
Por este motivo, fue que admitieron la denuncia presentada por el equipo liderado por la fiscal superior Marita Barreto, quienes solicitaron al CAL que "procedan de acuerdo a sus atribuciones” contra ambos letrados. De confirmarse las faltas a la ética, ambos abogados podría ser suspendidos o inhabilitados para ejercer la defensa legal por un periodo determinado de tiempo.
"Se dispone correr traslado con la presente denuncia a los abogados Mateo Castañeda y Eduardo Barriga, la que debe notificarse en los domicilios que aparecen en este Colegio de Abogados de Lima sin perjuicio de notificarse al teléfono WhatsApp que obra en los registros del Colegio y correo electrónico, a fin de que absuelva dicha queja(en el término de cinco (10) días hábiles después de notificado, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde", agrega el documento del CAL.
En forma paralela, la fiscalía presentó una acusación contra Castañeda y Barriga ante el Poder Judicial por incurrir en el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de revelación indebida de identidad, previsto en el artículo 409-B del Código Penal, por lo que solicitan para ellos una pena de 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer como abogado por el mismo periodo de tiempo.
