El actual Congreso destaca por iniciativas que contravienen los derechos humanos en las que persiste, pese a varias advertencias que vienen desde la comunidad internacional y organizaciones especializadas, y a la desaprobación de la gran mayoría de la población.

La denominada “Ley de amnistía”, que busca evitar que se sancionen delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio del 2002, fue aprobada por el pleno del Parlamento y espera una segunda votación, pese a que el Tribunal Constitucional sentenció en 2011 que esos crímenes son imprescriptibles y a pronunciamientos desde las Naciones Unidas.

Esta propuesta fue dada por las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular.

Sus impulsores persisten en buscar su aprobación en una segunda votación, pese a que siguen las preocupaciones de organismos internacionales y nacionales y que se supo que un 71% de los peruanos rechaza esta propuesta de ley, según reciente encuesta de Ipsos.

En cartera del Congreso hay otras iniciativas que contravienen los derechos humanos.

El proyecto que “propone declarar de interés nacional la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” apunta al corazón de la protección a los derechos fundamentales en el continente. Salir de estos organismos nos traería gran vulnerabilidad.

Esta iniciativa, que agrupa propuestas de las bancadas de Acción Popular, Renovación Popular, Perú Libre y Avanza País, ya es dictamen, es decir, espera pasar al pleno para su debate y votación. En marzo, fue aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento.

Otro dictamen plantea establecer el delito de terrorismo urbano y acumula proyectos de los congresistas Juan Burgos (Podemos Perú), Pedro Martínez (no agrupado) y las bancadas de Avanza País, Somos Perú, Unidad y Diálogo Parlamentario, Alianza para el Progreso, Perú Libre, otro texto de Podemos, la Municipalidad de Lima y otros municipios. Tiene el riesgo de volver a los jueces sin rostro, como aparece en el formula que presentó Burgos.

Fue aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y espera pasar al pleno.

También tiene dictamen las propuestas que apuntan a “reconocer el derecho de los padres de familia a elegir la educación sexual que reciben sus hijos”, que dejaría sin acceso a esta formación a muchos escolares, según han advertido varias organizaciones especializadas.

Es una propuesta de Renovación Popular. Su autora principal es la congresista Milagros Jáuregui, conocida activista ultraconservadora y pastora de un grupo de esa misma línea.

Al ser dictamen, también espera pasar a pleno para su debate y votación.