Estocada. En cuatro días de Pleno, Fuerza Popular, APP y sus aliados buscarán eliminar la JNJ y someter al JNE, ONPE y Reniec, aumentar los parlamentarios a 237, debilitar la lucha contra las organizaciones criminales y los delitos de lesa humanidad y perseguir a las ONG y al cine peruano.

El Congreso termina su legislatura este 15 de junio y para esta semana el Pleno sesionará cuatro días seguidos –desde el martes 11 hasta el viernes 14–. Hay una serie de cuestionadas propuestas de ley pendientes de discutirse y existe el riesgo de que sean incluidas en la agenda y aprobadas.

La congresista de Cambio Democrático Ruth Luque advirtió que esta semana el Congreso pretenderá modificar 10 artículos de la Constitución para eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura.

La norma, además, apunta a someter al sistema electoral. El predictamen de la fujimorista Martha Moyano dispone que el Parlamento pueda elegir y remover por falta grave a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Reniec.

Es vital para esta coalición darle luz verde a estos dos proyectos porque, al tratarse de una reforma constitucional, necesitan ser aprobados en dos legislaturas con 87 votos en cada Pleno. Primero lo harán antes del sábado y luego, en agosto, cuando vuelvan de vacaciones.

Asimismo, en la agenda hay un proyecto que modifica la elección del representante de los abogados en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El texto fue aprobado en primera votación en 2022. Fuentes indicaron a La República que la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, alista incluir modificaciones para que el presidente del JNE sea elegido por el Pleno de su institución.

Cabe recalcar que también hay un dictamen aprobado en dicha comisión que permite someter a las autoridades electorales a denuncias constitucionales. El texto está listo para ser agendado en el Pleno.

Leyes que debilitan investigaciones
En la mira también está la iniciativa de ley que redefine a las organizaciones criminales, favoreciéndolas, y cambia el proceso de allanamiento para que los fiscales y policías deban esperar a que esté presente el abogado del investigado en el lugar de la diligencia para poder realizarla. El texto fue aprobado en primera votación el 30 de mayo. Falta la segunda.

Otro retroceso aprobado en primera votación y que falta ratificarse en el hemiciclo es la ley impulsada por Fuerza Popular y Renovación Popular para que se declare inaplicable los delitos de lesa humanidad antes del 2002 y así puedan quedar impunes militares y terroristas que violaron derechos humanos.

Persecución en marcha
Otro peligro es que en el Hemiciclo también se aborde esta semana el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el fujimorista Alejandro Aguinaga, que empodera a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para fiscalizar los fondos de las ONG y aplicarle sanciones por presuntamente realizar activismo político o apoyar la alteración del orden público a través de movilizaciones.

También está pendiente la nueva ley de cine. El dictamen fue aprobado en la Comisión de Economía hace un mes. El objetivo de sus promotores es regular el financiamiento de las películas peruanas que relaten las violaciones de derechos humanos en la época del terrorismo.

Contrarreforma para elegir más senadores y diputados
Los parlamentarios también desean acabar su legislatura dejando las reglas electorales definidas a su favor. En ese camino están con el proyecto que aumenta el número de diputados a 158 y de senadores a 79. En total, serían 237. Actualmente, está compuesto por 130 congresistas.

El proyecto fue presentado el 31 de mayo, con firmas de legisladores de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, y se ha debatido con inusual celeridad en la Comisión de Constitución que preside Martha Moyano. Aún no cuenta con dictamen aprobado, pero es grande la posibilidad de que le den luz verde esta semana y pase al pleno.