Orfandad de argumentos. Ante el permanente fracaso de Keiko Fujimori en las elecciones, ahora buscan controlar políticamente desde el Congreso al JNE, la ONPE y el Reniec. Martha Moyano habló de hacer “docencia política” y citó tres sentencias del TC para sustentar la propuesta, pero luego reconoció que solo una hace referencia al juicio político para los titulares de los organismos electorales.
La bancada de Fuerza Popular y sus satélites aprobaron ayer en la Comisión de Constitución del Congreso el dictamen de reforma para controlar políticamente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
La decisión es adoptada luego de una sostenida campaña política contra estos tres organismos tras el reiterado fracaso de Keiko Fujimori en las elecciones generales. De hecho, esta reforma tendrá vigencia para los comicios del 2026.
Juicio político
El dictamen aprobado consiste en la modificación del artículo 99 de la Constitución para incluir a los titulares del JNE, la ONPE y el Reniec en la lista de altos funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político, por infracción constitucional.
Es decir, en adelante los jefes de los organismos electorales podrán ser sujetos de persecución política por parte de los partidos que tienen presencia en el Congreso, a través de denuncias constitucionales.
Es algo similar a lo ya ocurrido con la fiscal suprema Zoraida Ávalos o los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Inés Tello y Aldo Vásquez. Todos ellos resultaron personajes adversos a los intereses particulares de los partidos de turno y fue por ello que les fabricaron acusaciones constitucionales con el fin de inhabilitarlos.
El texto fue aprobado con 16 votos a favor. Cinco de estos votos corresponden directamente a Fuerza Popular. También apoyaron miembros de bancadas satélites del fujimorismo como Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País o Acción Popular.
