Bala de plata. Ejecutivo propuso en la CADE un pliego de flexibilización ambiental y desprotección del patrimonio cultural. Desregular los permisos no atrae más capitales, advierten los expertos.
“Vamos a implementar un conjunto de facilidades regulatorias con el fin de reducir los trámites y eliminar obstáculos innecesarios, promoviendo la eficiencia en la ejecución de proyectos”, fue la promesa que el jefe del gabinete, Alberto Otárola, presentó en el panel de ejecutivos de la CADE 2023, y que ha sido corolario para el resto de ministros que desfiló ante el foro empresarial más importante del país.
En días en que la inversión privada anota cuatro trimestres consecutivos a la baja y la confianza empresarial cae en picada, la oferta ahora pública del Gobierno incluye exonerar licencias de habilitación urbana, agilizar plazos de adquisición de terrenos, flexibilizar la expropiación de inmuebles para reconstrucción en caso de desastres, y destrabar intervenciones arqueológicas, entre otros.
No ha alcanzado con la reactivación de la inversión pública promovida por el ministro Alex Contreras y ahora se queman las últimas balas para iniciar en azul el 2024, apalancándose con la minería, sector que junto con hidrocarburos aportó 1,05 puntos porcentuales al PBI nacional hasta septiembre.
Parte de estas medidas pueden precisarse en el pliego que el gabinete de asesores llevó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) en septiembre pasado y al que La República tuvo acceso. Entre ellas, figura el incremento automático de la capacidad de procesamiento hasta por el 10% de lo autorizado en una mina, optimización de la consulta previa para facilitar el establecimiento de áreas de conservación, y resolver problemas de “coordinación intersectorial” del Senace para el otorgamiento de la certificación ambiental.
Para José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, esta última propuesta resulta angular. Explica que el Senace ha sido blanco en las últimas semanas de un ataque sistemático para reducir la valla ambiental que debería velar, al punto que su ex gerenta general Joanna Fisher fue removida por el Ministerio del Ambiente (Minam) tras revelarse que presionó a personal a su cargo en esta línea.
“Es una receta antigua y que no nos lleva a buen puerto. Ha habido paquetazos ambientales en 2013 y 2014, con la famosa Ley 30230. Es un error pensar que el problema de las inversiones mineras tiene que ver con exceso de permisos”, confiere.
