Ante la crisis de inseguridad urbana en Lima y piura. Grupos criminales atacan con granadas de guerra dos eventos sociales en represalia por rechazo al pago de cupos (20 heridos en total). Gobierno declara estado de emergencia en 2 distritos de Lima y en Sullana (Piura). Se decreta auditoría en arsenales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea para verificación del material de guerra

El segundo ataque con granadas de guerra a ciudadanos que rechazan pagar cupos a extorsionadores ha precipitado una crisis de inseguridad que, muy rápidamente, escaló hasta los ámbitos del Poder Ejecutivo.

El Gobierno, tras un consejo de ministros de emergencia, y en conexión digital con Nueva York, donde la presidenta Dina Boluarte participa de un evento oficial, acordó disponer la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de las operaciones que ha emprendido la Policía Nacional.

Asimismo, declaró en estado de emergencia los distritos limeños de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y, en Piura, el distrito de Sullana.

GRANADAS.
Esta vez, los rufianes se infiltraron en una fiesta de quinceaños en San Juan de Lurigancho, y camuflaron una granada de guerra en una caja con botellas de cerveza.

El estallido causó heridas considerables a 5 personas, la mayoría jovencitas del entorno de la homenajeada. Esto ocurrió hacia las 2:00 de la madrugada del lunes en el local de eventos ubicado en la avenida en El Muro.

Las jóvenes Guisela Gutiérrez Huamanzana, Elizabeth Rodríguez Cornejo y Maritza Contreras resultaron bastante afectadas por esquirlas de granada.

Las autoridades policiales confirman la intervención, en este latrocinio, de delincuentes extorsionadores cada vez más violentos.


“Tenemos la extorsión como una primera hipótesis y hay otras dos más que preferimos mantenerlas en reserva hasta lograr el esclarecimiento”, comentó el general PNP Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dinincri).

Los criminales -indican las primeras evidencias- intentan amedrentar a un grupo musical de cumbia peruana cuyo rostro más visible es Sergio Romero Toledo, cabeza del grupo musical “Chechito y sus cómplices”.

Estaba en plena actuación este grupo cuando explosionó la granada.

Interrogado por la prensa, Romero dijo que si bien no recibió exigencias directas de dinero, sí hubo llamadas extorsivas a personal de su grupo. Esto ocurre, dijo, cuando se disponen a presentarse en algunos barrios.

“Nos llama gente de ahí y nos dice: ‘¿oye estás entrando a mi casa y tú sabes que a mi casa no se entra sin permiso ¿cómo es? Tienes que dejar algo para la gente’, como que te cobran... pero nosotros no hacemos caso. Nosotros vamos a trabajar, nos contratan, no es que nos metemos a su casa (barrio) sin permiso, vamos por un contrato y el que organiza tiene que encargarse de la seguridad para la orquesta musical”, comentó.

Versiones indican que los delincuentes le exigen al grupo de cumbia el pago de S/300 mil para permitirles operar. Ante tal exigencia, decidieron retirarse del medio por un tiempo.
EL VIERNES.

El último viernes, la agrupación de música popular anunció su participación en la discoteca Xanders (San Juan de Lurigancho). En ese local estalló una granada de guerra que causó 15 heridos.

La policía intenta establecer si el ataque fue parte de la extorsión contra el grupo de cumbia o contra la discoteca, o ambos.

EN EMERGENCIA.

Desde Nueva York, Boluarte, anunció la declaratoria en emergencia de los distritos ya mencionados.

“Para que podamos de manera decidida, más cercana a la población, que esté la policía; pero también vendrá el ejercito como apoyo a la policía, dentro del marco legal que ambas instituciones tienen”, señaló.

FF.AA. Poco después, Alberto Otárola ofreció detalles en una conferencia de prensa.

“Se ha acordado declarar en estado de emergencia tres distritos del país, en los que se hace necesaria una presencia inmediata y de advertencia de las fuerza del orden en estas localidades”, informó.

Aseguró que “esto va a permitir el control del orden interno por parte de la PNP con el apoyo estratégico de las FFAA”.

Explicó que el estado de emergencia permitirá al personal policial intervenir a las personas en situación sospechosa, inclusive en reuniones en viviendas con indicios extraños.

Otro anuncio de importancia tiene relación con el arsenal de las FF.AA.

“Se ha dispuesto una inmediata auditoria a todo el material de guerra de las FFAA”, dijo el premier.

“Va a haber una presencia evidentemente territorial de las FF.AA. cuando lo soliciten las fuerzas policiales”, señaló.

Culminó aludiendo al Congreso en relación al pedido de delegación de facultades legislativas.

“Ojalá este jueves el Congreso apruebe el paquete de medidas que hemos solicitado”.



AUDITORÍA.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, hizo las precisiones.

Se hará, dijo, una auditoria técnica de todo el material de guerra de los almacenes de la Marina, Ejército y FAP.

“Habrá un control estricto y que ese material no sea parte del suministro que se viene llevando a cabo en las acciones delictivas”, remarcó.

Con dicha auditoría se busca confirmar o descartar un presunto mal uso de material de guerra de las FF.AA., particularmente granadas de guerra, por personal corrupto.

Chávez Cresta precisó que el personal de las FF.AA. intervendrá en apoyo de los planes de operaciones de la PNP “cuando sea requerida " por esta.




MUNILIMA. En relación con el tema, la comuna de Lima metropolitana acordó muy temprano, y por unanimidad, solicitar el apoyo e intervención de las Fuerzas Armadas para casos puntuales.

No obstante, el Ejecutivo tomó la iniciativa y no tardó en anunciarlo.

El teniente alcalde Renzo Reggiardo puntualizó que la presencia de las FF.AA. tendrá una efecto disuasivo.


OFENSIVA.

La primera respuesta policial es una gran operación que comenzó ayer.

La División de Investigación de Homicidios, al mando del coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, asumió las pesquisas en los ataques con granada de guerra.

El personal de cinco comisarías de la División Policial Lima Este – 1 inició una operación considerable operación, la misma que ha sido reforzada con 324 policías de distintas unidades especializadas.

La operación “Impacto 2023″ incluye patrullaje, control de identidad y registro vehicular en bares, cantinas, parques, mercados y losas deportivas en Santa Elizabeth, Canto Rey, La Huayrona, Zárate y Caja de Agua.

En otro ángulo, el alcalde de San Juan de Lurigacho, Jesús Maldonado, calificó como “actos terroristas” los últimos

atentados en su distrito, y convocó a la población para este miércoles a una marcha por la seguridad.