Otro favorecido. Presidente del Congreso no sería el único beneficiado con la Ley 31751. Jorge Luis Flores Ancachi presentó escrito ante el Poder Judicial de Puno para que sus presuntos delitos vayan al canasto. Fiscalía pide 10 años de prisión efectiva para legislador.
En enero de 2009, el ahora congresista Jorge Luis Flores Ancachi laboraba como residente de una obra del Gobierno Regional de Puno. Junto con el supervisor Percy Marca Huanca -en la tesis del Ministerio Público- se apropiaron de más de 15.000 soles. Pagaron sueldos a trabajadores que nunca laboraron en la obra, según la fiscal Yessy Giovanna Condori Escarcena, de la Tercera Fiscalía Penal de Puno.
Por este hecho, el parlamentario y su cómplice afrontan un pedido de diez años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de peculado doloso, malversación y falsedad ideológica.
Y, ahora, al igual que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, el parlamentario puneño Jorge Flores también presentó un escrito al Poder Judicial de Puno para que dichos delitos sean declarados prescritos de acuerdo a la Ley 31751, más conocida como la Ley Soto. La norma reduce el plazo de prescripción de los delitos del Código Penal por el paso del tiempo.
De acuerdo a la acusación formulada por la fiscal Condori Escarcena, entre los meses de abril y mayo de 2009, Jorge Flores y su coacusado, cuando estaba a cargo de la obra ‘Fortalecimiento del desarrollo educativo de la institución educativa industrial 32-Puno’, se habrían apropiado de un total de S/15.597,00.
El monto corresponde al pago de 14 trabajadores que nunca laboraron en la obra.
Los dos funcionarios certificaron que estos 14 servidores prestaron servicios para que se efectúe el abono. Los supuestos beneficiarios negaron haber trabajado en la institución educativa e incriminaron a Flores Ancachi, en su condición de responsable de certificar quién trabajaba o no.
