Directivo Edmundo Gálvez denuncia que exadministradores judiciales se coluden con funcionarios del Estado para perjudicar a trabajadores azucareros lambayecanos
A pesar de haberse instalado una administración concursal en la empresa Agro Pucalá, la situación en esta azucarera sigue siendo incierta, pues según refiere el abogado Edmundo Gálvez los exadministradores judiciales que dejaron deudas millonarias en esta compañía, quieren volver, coludiéndose para ello con funcionarios del Ministerio de Trabajo.
¿Por qué en Pucalá anuncian protestas en el Ministerio de Trabajo?
Para que acelere un trámite que está ahí pendiente de nulidad, respecto a una resolución directoral que salió en febrero y una resolución de formalización que se hizo irregularmente a la designación de un señor Patricio Burga.
¿Es un pedido de nulidad presentado por ustedes?
Sí y de un grupo de acreedores que denuncian no haber participado en dichas juntas, o sea que se les ha falsificado sus firmas que están inmersas en documentos, en cartas poder.
¿Por eso denuncian que hay injerencia del Ministerio de Trabajo?
Sí, de las más altas esferas del Ministerio de Trabajo, por lo pronto involucrado el exdirector de Trabajo, así como el actual director de Trabajo y el subdirector de Registros Generales. En esas instancias nos vienen perjudicando desde el mes de febrero de este año..
¿Quiere decir que quienes estaban en el control de la empresa son los implicados?
Son los que se han venido coludiendo con este tipo de autoridades, no descartándose que esté involucrado el exministro de Trabajo, de ese entonces del mes de febrero. Y también del presidente del Consejo de Ministros.
¿Estas resoluciones de qué modo les ha perjudicado?
En el mes de mayo de 2022, el mismo Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección Regional de Trabajo de Lima Metropolitana declaró firme una resolución que validaba la asamblea de elección de representantes de acreedores laborales llevada a cabo en el mes de junio de 2021. Sin embargo, habiendo expedido una resolución ya firme, de oficio (entre comillas) el día 03 de febrero, mediante una resolución express que solamente duró días 6 minutos, dictada en horas de la noche, porque yo tengo el reporte de seguimiento, expide la resolución directoral 007 – 2023 declarando nulo todo el procedimiento.
Entonces, a partir de allí perjudicó porque inmediatamente Indecopi expidió una resolución declarando nula la Junta de Acreedores de setiembre y octubre de 2021 y prácticamente deja pendiente de un hilo la siguiente junta que se dio en el mes de octubre del año pasado, 2022, donde se designó también a la señora Sonia Alva como administradora concursal.
¿Entonces qué esperan ahora?
Ahora nos encontramos prácticamente un poco en la cornisa, esperando lo que pueda resolver la Comisión de Procedimientos Concursales. Esperemos que dicte una resolución de tal manera que no perjudique el derecho de terceros. Imagínate declarar nulo todo un procedimiento, significa no solamente perjudicar el derecho de Edmundo Gálvez que está participando ahí como presidente de Junta, y como representante de los créditos laborales, sino de miles de acreedores laborales y también de la Sunat, y también de las AFP y de todo aquel que tenga derechos reconocidos ahí en Indecopi.
¿Pero entonces la administración concursal logró asumir las riendas de la empresa?
Claro, la administración concursal de todas maneras ingresó el 26 de abril de este año, ya no con una orden judicial, porque dejaron de existir las administraciones judiciales, con la resolución 0557, del expediente 1711 que fue confirmada y ratificada por la Corte Suprema en el mes de enero de este año. Entonces, en el mes de abril ingresa la señora Sonia Alva como administradora concursal de Industrial y Agropucalá y a partir del 2 de mayo ya se ha comenzado a realizar las funciones en el tema administrativo y laboral, sin ningún tipo de información que hubiera brindado la administración judicial anterior.
¿Y los de la administración judicial anterior son los que están detrás de injerencias en el Ministerio de Trabajo?
Estarían detrás las personas que patrocinaron a las administraciones judiciales. Llámese el señor Patricio Burga, que viene postulando y participando en cada asamblea, con documentación que se ha presentado de manera fraudulenta. Sobre esos hechos hay acreedores que denuncian no haber participado de esas asambleas y que se les ha falsificado las firmas.
Es toda una cofradía de personas que están interesados en regresar nuevamente a la administración de Pucalá para que sigan desfalcando los bienes de la empresa.
¿Cuál es el saldo que dejaron las administraciones judiciales?
Es un perjuicio enorme: deudas laborales, deudas tributarias, deudas previsionales, bienes de la empresa que se han extraviado, llámese, bienes de la fábrica que está prácticamente desmantelada; una serie de documentación que no se encuentra en el área de Caja, área de Compras, que se está ahora tratando de recuperar esa información y con las Administraciones Judiciales últimas, un saldo de 80 quincenas que han dejado prácticamente de herencia a la nueva administración concursal.
¿A cuánto asciende la deuda de 80 quincenas?
80 quincenas atrasadas significa alrededor de 120 millones de soles. Corresponde a los últimos cinco años que se ha generado esta deuda laboral.
¿Con esta deuda muchos trabajadores decidieron dejar la empresa o se mantienen?
Muchos trabajadores han pedido licencia, otros ya con edad para jubilación han salido jubilados. Las cosas todavía están por mejorar, se les está pagando a los trabajadores un promedio de 300 soles mensuales, no cumpliendo lógicamente sus 8 horas, trabajan en el campo por dos horas y media, para poder darle oportunidad a la gente de obtener recursos en otras actividades que tengan, hasta que la situación pueda ir recuperándose.
¿O sea la administración concursal está tratando de producir y sacar adelante la empresa?
Así es, pero las irregularidades en el Ministerio de Trabajo, no hacen avanzar a la medida que quisiéramos, pues hay un estado de zozobra, un estado de duda, el trabajador un poco piensa que se va a regresar nuevamente con las administraciones judiciales anteriores y eso es peligroso, pero confiamos en revertir esta situación. Estamos yendo a Lima para poder entrevistarnos con el ministro de Trabajo actual y el jefe de Indecopi.
¿Y detrás de la administración concursal también hay empresarios o inversionistas interesados?
Qué persona va invertir en una empresa que todavía tiene el tema legal pendiente. Lo que sí hay, es empresarios que están comprando el producto, ya que se hace directamente la negociación comercial con la administración concursal y también la señorita Jackeline Llatas que es la representante temporal de la administradora concursal.
¿También existe una investigación contra los exadministradores judiciales, cómo va ese proceso?
Sí, la verdad nos causó un poco de sorpresa, el año pasado que se archivó sin que se haya realizado todos los actos de investigación, pero inmediatamente interpusimos recursos legales, impugnaciones sobre esas disposiciones emitidas por la Fiscalía y hace aproximadamente un mes, la Fiscalía Superior revocó esa irregular resolución que archivaba la investigación y ha ordenado que se reabra y se hagan serie de actuaciones procesales. Es una denuncia contra más de 30 de personas naturales y 30 personas jurídicas que abarca prácticamente toda la gestión de las administraciones judiciales.
¿Entonces, de todas maneras un grupo de trabajadores va ir a protestar?
