Interrogado. Abogado del jefe del Estado, Benji Espinoza, afirmó que el mandatario
cuestionó las preguntas porque se basaban en las declaraciones de Karelim López y Zamir Villaverde, cuyas acusaciones no han sido corroboradas. Sin embargo, decidió responderlas de todas maneras para contribuir con las investigaciones.
Una de las 61 preguntas que la fiscal Luz Taquire Reynoso formuló por escrito al mandatario Pedro Castillo, y que más incomodó y mortificó a este, fue si lideraba una organización criminal desde Palacio de Gobierno.
La interrogante correspondía a una de las imputaciones que hizo la colaboradora eficaz Karelim López en una de sus declaraciones ante la fiscal Luz Taquire.
Las respuestas del presidente Castillo al pliego de preguntas de la fiscal serán remitidas al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien evalúa disponer abrir investigación al jefe de Estado por el presunto delito de lavado de activos.
El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, confirmó a La República que una de las preguntas de la fiscal Luz Taquire fue si dirigía una organización criminal.
“La defensa lo niega totalmente. No existe una organización criminal donde el presidente Pedro Castillo es el líder. Eso es falso, es una etiqueta que no tiene sustento o pruebas que lo acrediten. Solo es puro señalamiento que no tiene respaldo”, arguyó el abogado Espinoza.
Karelim López manifestó ante la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire Reynoso, que la presunta organización criminal de Palacio de Gobierno estaba integrada, además del presidente Castillo, por el exministro Juan Silva Villegas, por el empresario Zamir Villaverde García y por los sobrinos del mandatario, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
Villaverde y los sobrinos de Pedro Castillo ofrecían a empresarios constructores obras públicas de millonarios presupuestos. Los proyectos pertenecían a Provías Descentralizado, organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva cambiaban y designaban a funcionarios dispuestos a entregar las obras públicas a las constructoras que aceptaron pagos ilegales.
Todo se hacía con anuencia del jefe del Estado, según el informe del caso que la fiscal Luz Taquire elevó al fiscal superior coordinador Rafael Vela, y este al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
