Una denuncia ante la Fiscalía Provincial expone que el gerente del SAT-JLO carece del grado de magíster exigido por ley y que el subgerente de Comercio no tiene el título profesional requerido, comprometiendo la legalidad de toda la administración municipal.

Una nueva tormenta legal sacude la gestión municipal de José Leonardo Ortiz. El ciudadano Ronal Raúl Gonzales Urbina interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal del distrito contra el alcalde Elber Requejo Sánchez, el gerente municipal Segundo Miguel Tiravanti Delgado y otros funcionarios, por el presunto delito de nombramiento y aceptación indebida para cargo público.

La denuncia, que también alcanza a los responsables de las oficinas de Recursos Humanos, sostiene que se habrían vulnerado los principios de meritocracia e idoneidad al designar a directivos que no cumplen con los perfiles mínimos exigidos por la ley y los documentos de gestión interna.

CUESTIONAMIENTOS EN EL SAT-JLO

Uno de los puntos más críticos del documento señala al actual gerente general del Servicio de Administración Tributaria (SAT-JLO), Jorge Alberto Ramos Suyón. Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 004-2026 del Órgano de Control Institucional (OCI), el funcionario no cumpliría con el requisito de formación académica de Magíster en Administración o Gestión Pública, grado que no figura en su legajo ni en los registros de SUNEDU.

El texto advierte además que el alcalde Requejo sería "reincidente" en este tipo de designaciones, citando un proceso judicial en curso (Exp. 08013-2024) por un caso similar ocurrido al inicio de su gestión con el anterior gerente del ente recaudador.

SUBGERENCIA DE COMERCIO EN LA MIRA

Asimismo, la denuncia cuestiona la designación y ratificación de Percy Milton Espinoza Gonzales como subgerente de Comercio y Licencias. Según el Manual de Organización y Funciones (MOF) vigente, dicho cargo requiere ser profesional en Administración o Economía; sin embargo, Espinoza Gonzales ostentaría el título de profesional en Ciencias Históricas Sociales y Educación.

El denunciante subraya que estas acciones contravienen la Ley N° 31676, la cual endureció las penas (hasta 4 años de cárcel) para quienes nombren o acepten cargos públicos sin cumplir los requisitos legales, poniendo en riesgo la legalidad de la administración pública.

Finalmente, la acusación se extiende al delito de omisión o rehusamiento de actos funcionales, argumentando que las autoridades municipales han mantenido a los funcionarios en sus puestos a pesar de las advertencias previas de SERVIR y la Contraloría sobre la necesidad de corregir los perfiles y las designaciones de confianza.