Trabajadores acusan que fondos del arrendamiento de tierras destinados a acreencias laborales no fueron cancelados ni justificados
La administradora concursal de Agropucalá, Sonia Alva Rodríguez, enfrenta una nueva denuncia penal tras la revelación de que más de dos millones y medio de soles recibidos en noviembre pasado por concepto de arrendamiento de tierras no habrían sido destinados al pago de acreencias laborales como estaba acordado.
Según informó el dirigente azucarero Roberto Cabrejos Alarcón, en septiembre de 2024 la junta de acreedores aprobó un plan de reestructuración que dispuso la paralización definitiva de las actividades productivas y el arrendamiento del 100% de los campos de cultivo de la exazucarera. El acuerdo establecía que los ingresos generados se destinarían exclusivamente al pago de deudas laborales en diciembre de 2025.
Las constancias de depósito revelan que el 10 de noviembre de 2025 el consorcio Nor Azúcar, vinculado a los comerciantes Carlos Roncal y Ernesto Flores, entregó a la administración concursal la suma de 2 millones 561 mil 460 soles como adelanto por el alquiler de 4,422 hectáreas de tierras agrícolas.
Sin embargo, los trabajadores denuncian que ese dinero no fue transferido a los acreedores laborales y su paradero es desconocido. El reporte de gestión presentado por la administradora consigna que al 31 de diciembre de 2025 la empresa registraba saldo en caja cero, lo que profundiza las interrogantes sobre el destino de los recursos.
El abogado Wilfredo Chero Villegas, quien representa a más de 1,500 trabajadores afectados, anunció que presentará una nueva denuncia penal contra Sonia Alva y miembros de la junta de acreedores por los presuntos delitos de apropiación ilícita y lo que calificó como una estafa masiva.
Los denunciantes señalan que la falta de pagos contrasta con los ingresos que percibiría la propia administradora concursal. Según indican, existe un proceso penal en curso en el que se investiga que Alva Rodríguez, junto a Edmundo Gálvez, se habrían asignado una remuneración mensual de 35 mil 400 soles, mientras que cerca del 80% de los trabajadores activos no recibe sueldos desde hace más de dos años y el resto percibe aproximadamente 200 soles mensuales.
La crisis en Agropucalá ha dejado sin ingresos a cientos de familias que dependían de la empresa azucarera. Los representantes de los trabajadores anunciaron que, además de las acciones legales, radicalizarán medidas de protesta para exigir el desembolso de los pagos laborales pendientes.
Hasta el cierre de esta nota, la administradora concursal Sonia Alva Rodríguez no había emitido pronunciamiento sobre las acusaciones ni proporcionado explicaciones sobre el destino de los fondos recibidos por el arrendamiento de las tierras.
