Especialistas del sistema de justicia y dirigentes ronderiles analizaron la situación actual y los desafíos de las rondas campesinas frente a la inseguridad ciudadana, durante una pasantía realizada en la Universidad de Piura.
La actividad, durante el mes
diciembre, contó con la participación de cerca de 100 ronderos de diversas
centrales y subcentrales de rondas campesinas de la región Piura, así como
representantes del Ministerio Público, Ministerio del Interior, Policía
Nacional, Colegio de abogados de Piura y el Poder Judicial. Se desarrolló en el
marco del programa “Desarrollo sostenible del ecosistema de montaña mediante la
mejora de la calidad educativa pública” (Programa Corredor Andino Central) que
ejecuta la Universidad de Piura, a través de la denominada “Pasantía Ronderil
2025”.
El objetivo fue fortalecer las
capacidades de los dirigentes ronderiles mediante el conocimiento del sistema
de justicia estatal y el intercambio de experiencias, promoviendo una mejor
articulación entre las instituciones públicas y las organizaciones comunales.
En la bienvenida a la jornada,
el rector de la Universidad de Piura, doctor Paul Corcuera, destacó la
importancia de las rondas campesinas en la cohesión social y la administración
de justicia en zonas rurales. “Las rondas campesinas realizan una labor
fundamental en nuestro país; son una asociación muy significativa de conexión
comunal y actores clave para la gobernanza territorial y la administración de
justicia”, afirmó.
La pasantía comprendió dos
paneles. El primero, “Marco normativo de la justicia comunal”, moderado por el
doctor Alonso Lip y con la participación del magíster Edwar Bernilla (IDH), la
doctora Guadalupe Temoche (Dirección de Rondas Campesinas del Ministerio del
Interior) y el doctor Hernán Ruiz Arias (Colegio de Abogados de Piura).
En el segundo panel se realizó
un análisis sobre el rol de las rondas campesinas frente a la inseguridad
ciudadana y delincuencia. En este espacio, Fabiola Campos, presidenta electa de
la Junta de Fiscales Superiores, resaltó la relación entre el Ministerio
Público y las rondas campesinas, y su importancia frente a la inseguridad
ciudadana. “Es un compromiso y una obligación del Ministerio Público mantener
una conexión directa con la ciudadanía”, expresó.
Por su parte, el juez Raúl
Álvarez García recordó que el artículo 149 de la Constitución reconoce las
funciones jurisdiccionales de las rondas campesinas y exhortó a aplicar una
interpretación intercultural que respete la justicia comunal. De igual manera,
mencionó que gracias a la labor de las rondas campesinas se ha logrado “evitar
la consumación de delitos graves, como el tráfico de personas”.
Así mismo, el representante de
la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas de Piura, Santos
Montalván, expresó su preocupación por la persecución judicial a algunos
dirigentes. Afirmó que falta “la ley de coordinación que permita una verdadera
articulación entre la justicia comunal y la justicia ordinaria”.
Finalmente, los panelistas coincidieron en la importancia de reforzar la capacitación en la Ley de Rondas Campesinas (Ley N.° 27908) y reafirmaron que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil.
