La jefa de Estado dedicó amplio espacio a las multimillonarias inversiones en su gobierno, sin embargo, mencionó solamente de pasada la lucha contra la corrupción. Por si fuera poco, ha disminuido la capacidad de intervención de la Contraloría.

La mandataria Dina Boluarte mencionó en su discurso las políticas contra la corrupción de una forma meramente declarativa: “La lucha frontal contra la corrupción no se detiene, y se da contra cualquiera de sus manifestaciones”, dijo. Y señaló como ejemplo que su gobierno ha instalado un sistema electrónico para la venta de boletos de ingreso a Machu Picchu, acabando así con un corrupto modelo anterior. Sin embargo, la Contraloría detectó que el Ministerio de Cultura contrató ilegalmente a la empresa Joinnus para la expedición de los tickets.

Las buenas intenciones de la jefa de Estado colisionan con la realidad.

También expresó: “Así como trabajamos para impulsar el crecimiento económico y sacar adelante al país, estamos comprometidos en una lucha firme y decidida contra la corrupción, un flagelo que no solo trunca la vida y las esperanzas de millones de compatriotas, sino también atenta contra principios básicos como la honestidad, la transparencia, el uso eficiente de recursos públicos y, con ello, busca erosionar nuestra democracia y nuestro futuro”.

Pero, paralelamente, Boluarte ha afectado las capacidades de fiscalización de las obras públicas de la Contraloría. Presentó un proyecto de ley para destinar S/3.000 millones en obras públicas, al mismo tiempo que reduce el financiamiento del denominado control concurrente, una modalidad de intervención fiscalizadora de la Contraloría para prevenir actos de corrupción.

Si en promedio al año se ejecutan 56.000 acciones de control concurrente, con los fondos recortados disminuirían a 14.000. Esto es, prácticamente a la cuarta parte, a la mínima expresión.

El Congreso no tuvo ningún reparo en aprobar la iniciativa de la presidenta Boluarte. Es que el Legislativo ha renunciado a su labor fiscalizadora, que le corresponde constitucionalmente.

Por eso, el Congreso tampoco cuestionó la propuesta de Boluarte de nombrar como contralor general a César Aguilar Surichaqui. Lo aprobó prácticamente en el acto.

No debería sorprender que en sus primeras declaraciones públicas, el nuevo contralor Aguilar estuvo de acuerdo con la decisión del gobierno de reducir los fondos de financiamiento de las acciones de control concurrente para identificar e impedir actos de corrupción gubernamental.

“En mi opinión personal, yo no encuentro mucho sentido en demandar el 2% (del presupuesto) para el control concurrente. (…) Me parece que el 0.5% sería adecuado”, señaló Aguilar.

El nuevo contralor parece actuar en sintonía con Palacio de Gobierno y el Congreso, como en su momento lo hizo Víctor Caso Lay. Durante su gestión en el gobierno de Alberto Fujimori, Caso pasó por alto graves casos de corrupción, por lo que la justicia le abrió procesos penales. Huyó del país y fue extraditado.

Ahora que la presidenta ha anunciado proyectos de inversión en transporte, saneamiento, educación, salud y agricultura por S/ 22.531 millones, se requerirá de un sistema de control y fiscalización fortalecido, para prevenir y detectar potenciales actos de corrupción.

Lamentablemente, la jefa de Estado, prefirió mencionar sus buenas intenciones, en lugar de políticas firmes y resueltas: “¡Ni esta presidenta, ni ninguna de nuestras ministras y ministros, están involucrados en actos de corrupción! Y no los tendremos, porque los ministros han jurado a sus cargos bajo un compromiso claro, y porque esta presidenta no los tolerará”, manifestó Boluarte.

El control concurrente de los auditores de la Contraloría, cubrió hasta el 67% del aparato estatal, pero con la disminución del presupuesto, se contraerá a un 27%, lo que favorecerá a la corrupción gubernamental. Según el último reporte de la Contraloría, por actos de corrupción se perdieron S/24.000 millones de fondos públicos. Ahora será muchísimo más.