El abogado y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú señala que la estrategia de los inculpados -de admitir los hechos pero negar que constituyan delito de lavado- es cínica.

Abogado, docente universitario y exdirector del Instituto de Defensa Legal, Ernesto de la Jara, analiza lo que ha sido el desarrollo del juicio del caso cócteles. Desde su perspectiva, los fiscales han visto favorecida su posición porque los inculpados han terminado admitiendo los hechos.

¿Podría tener éxito la estrategia de la parte acusada en el caso cócteles, de argumentar que puede haber faltas administrativas, aunque no lavado?

Para quien trata de seguir las cosas de manera rigurosa la estrategia no les está saliendo. El juicio es muy importante, es como la hora de la verdad y entonces veo a los abogados, como a Giulliana Loza y a otros decir “oiga, yo reconozco todo esto…”

Si reconoces todo eso, estás a un pasito del delito de lavado. Se obvia una sentencia de la Corte Suprema de diciembre de 2022 de la Sala Penal Permanente presidida por San Martín que, ante un amparo interpuesto por Humala y Heredia, dijo que una cosa es el delito en las campañas a partir del 2019, cuando fue tipificado, pero que antes sí puede haber lavado de activos. Todo depende de que se demuestre que los fondos son maculados, ilícitos. Claro, ahí viene la trampa y te dicen “no es narcotráfico, no es minería ilegal”. En ningún momento se ha dicho que ese sea el delito. Los fiscales lo han explicado veinte veces. Han dicho que los fondos vienen de empresas, de bancos, que son ilícitos también.


Lo que dice el fiscal Pérez es que el dinero se entregó de manera subrepticia, sin rendir cuentas a nadie, sin bancarizar, sin ningún control.

¿Acaso un banco puede sacar una gran cantidad de plata, casi cuatro millones de dólares, para dárselos a una candidata que además era congresista sin pasar por los controles, sin pagar impuestos, sin (informar a) los accionistas? No. Una persona jurídica está totalmente regulada. La sentencia (de la Suprema) dice también que es importante la actitud que uno tenga frente a los fondos: si no los recibes bancarizados, si no los declaras…

¿Estás asumiendo que esos fondos son ilegales, sucios?

Claro. Entonces, nadie está diciendo que esa plata viene del narcotráfico o de la minería ilegal. El crimen organizado es completamente diferente y lo que hace es camuflarse en organizaciones legales. No es como antes. Ahora está detrás de una empresa. ¿Quién iba a sospechar que Graña y Montero pagaba coimas a todo el mundo? ¿O que Marcelo Odebrecht, un potentado que todo el mundo respetaba? Lo que hemos visto en el juicio es que han admitido, han dicho “nosotros confesamos que todo eso es verdad, pero no es delito”.

Eso es lo que le planteaba al inicio. Esa es la estrategia. Además, que sería muy necio querer contradecir tantos testimonios que confirman los pagos, el “pitufeo” y otros. ¿Qué tan complicado cree que sea para la Fiscalía demostrar que ha sido lavado? Ese es el punto central.

Creo que por dónde está yendo la Fiscalía, es viable. Está recorriendo un camino innovador, nuevo, que no se ha visto antes. Antes tú tenías que acreditar el delito precedente. Ahora no. Incluso existen características más determinadas de lo que es el crimen organizado. Vamos a ver también cómo proceden los jueces. Aparte de la Fiscalía está la Procuraduría, que también ha pedido una reparación económica importante sobre la base de que hay lavado de activos. Entonces, yo sí creo que es viable (probar el lavado de activos) e insisto: el juicio está favoreciendo a los fiscales porque la defensa es pobrísima. No es que ellos han reconocido desde el primer momento todo lo que yo estoy diciendo.

Ha sido paulatino. Por ejemplo, Dionisio Romero no es que admite desde un inicio. Lo hace cuando estaban detrás de él. El propio fiscal Pérez dijo en el juicio que la plata la dio esperando beneficios.

No lo haces porque eres buena gente, eso está claro. Imagino que argumentará que lo hizo para apoyar una causa política en la que creía.

Pero no lo hizo abiertamente. No lo hizo de su plata. No me consta si fue o no las bóvedas, pero esa plata es del BCP y por lo tanto tenía que haber cumplido un conjunto de requisitos que están absolutamente regulados para que los organismos de control sepan lo que estás haciendo, los usuarios, los clientes. Estamos hablando de casi cuatro millones de dólares. ¿Cómo se sacó la plata? ¿Se respetaron las leyes, los controles, los impuestos? Yo tengo un muy buen balance de cómo estos fiscales han sacado contra viento y marea este caso.

¿Tiene críticas?

Por supuesto. Hay demasiada periferia, muchos coprocesados. Estos fiscales asumen algunas cosas modernas de la justicia, como salir un poco a los medios. La gente dice que tienen objetivos políticos, pero hay declaraciones internacionales en el sentido de que la libertad de expresión de los operadores de justicia es un derecho y un deber jurídico. Si no, dejas el monopolio de los medios a los abogados de los imputados, que ni siquiera advierten que lo son. Dicho esto, creo que los fiscales no han asumido que deben asumir algunas decisiones estratégicas. La Fiscalía no tiene los recursos ni para los principales inculpados, ¿cómo te metes con cuarenta investigados cuando puedes tener a varios como testigos? Muchos deben estar boquiabiertos al ver que mucha de la plata ni siquiera fue para la campaña. Me quedé impresionado cuando el fiscal Pérez demostró que Mark Vito y Keiko Fujimori compraban y vendían propiedades a través de agentes inmobiliarios fantasmas. Insisto: la defensa central de los fujimoristas es pobrísima, es cínica, es de repetir y repetir que no hay delito.

¿Qué le sugiere que Keiko Fujimori haya recurrido al Tribunal Constitucional para tratar de anular el juicio?

En realidad, no procede porque el control constitucional de decisiones como las que implican el juicio solo debe proceder en casos absolutamente excepcionales y extremos, por ejemplo cuando la violación de derechos fundamentales o de garantías del debido proceso es evidente. No es el caso. El problema está en que el control del actual TC por parte del Congreso (salvo Monteagudo) expresa lo que es verdaderamente una judicialización de la política, es decir el uso de órganos del sistema de justicia para fines políticos, en este caso impedir el juzgamiento de Keiko Fujimori por graves casos de corrupción.