El exjefe de Estado es acusado de la presunta comisión del delito de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos, en agravio del Estado.

El Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por la presunta comisión de delito de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos, en agravio del Estado. Esta acusación de debe a las declaraciones públicas presentadas por el exjefe de Estado cuando asumió el cargo de presidente de la República.

De acuerdo con la Fiscalía, Vizcarra habría negado sus vínculos con las empresas Odebrecht y CyM Vizcarra S.A.C. Ingenieros Contratistas. Además, omitió consignar en su declaración jurada de intereses en el año 2018 su condición de vicepresidente del directorio y gerente de operaciones en la empresa CyM Vizcarra S.A.C. Ingeniero Contratistas.

De acuerdo con una investigación periodística de Panorama, la empresa C y M Vizcarra SAC Ingenieros Contratistas, propiedad del expresidente y su hermano, contrató con el consorcio Conirsa, hasta en tres ocasiones, para entregar maquinaria para la construcción del tramo II y III de la Carretera Interoceánica (IIRSA SUR).

El reportaje, publicado cuando Vizcarra era mandatario, reveló un documento que demostró que C y M Vizcarra SAC Ingenieros Contratistas figura en el registro de compras de Conirsa, compuesta por Odebrecht (70% de participación), Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales.

Según el registro, la referida compañía inició su vínculo como proveedor de Conirsa en julio del 2006. En esa fecha, el consorció realizó una compra a «C y M Vizcarra SAC Ingenieros Contratistas», ascendente a los S/ 123.386. Luego, en septiembre del mismo año, realizó una compra por S/ 145.551. Posteriormente, en enero del 2008, se ejecutó una compra por S/ 54.107.

A pesar de esto, Vizcarra no presentó este vínculo en su declaración pública cuando asumió como presidente de la República el 23 de marzo del 2018.

Fuera de esto, Vizcarra continúa en una encrucijada legal porque se podría volver a abrir la investigación en su contra por el caso de vacunas contra el Covid-19.

El 31 de mayo, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, decidió archivar la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra sobre la compra de pruebas rápidas de COVID-19, pero esto fue observado por el Congreso.

El documento, enviado al noveno piso de la sede fiscal, evidencia posibles irregularidades en el proceso de adquisición de más de un millón y medio de pruebas rápidas durante marzo de 2020. Según la pericia, el estudio de mercado habría sido simulado, en otras palabras, las invitaciones a posibles proveedores se cursaron cuando ya se había preseleccionado a la empresa suministradora.

Este hallazgo podría ser significativo en el caso de Martín Vizcarra, quien ya enfrenta cuestionamientos por la rapidez y las condiciones bajo las cuales se realizaron las compras, consideradas por muchos como una estrategia perjudicial para miles de peruanos debido a la falta de sustento técnico de las pruebas adquiridas.

El 24 de abril de este año, llegó al despacho de Villena la mencionada pericia. Un mes después, pese a las conclusiones de este documento y a los testimonios recogidos, el fiscal optó por archivar el caso. La pericia señala un perjuicio económico estimado en 23 millones de soles para el Estado.