El Fondo de Vivienda Policial es una entidad estatal adscrita al Ministerio del Interior que descuenta el 5% de sus ingresos a los efectivos activos y en retiro, pero no está cumpliendo con su función por actos irregulares. Funcionarios designados por el Comando de la PNP han sido denunciados por extorsión y otros delitos.

En febrero de 2022, el Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) debió entregar 680 viviendas unifamiliares a efectivos de la Policía Nacional. Sin embargo, debido a una disputa con la constructora adjudicada para la ejecución de las obras, la entidad estatal no ha aceptado recibir los primeros 170 inmuebles, que están listos desde febrero de 2021.

El 31 de diciembre del 2019, el Fovipol y el Grupo Inmobiliario Kinsa suscribieron contrato por S/103 millones para la edificación de dos grupos de viviendas: los proyectos Las Palmeras de San Pablo (456 unidades), en el distrito de Catacaos, y Oasis de Colán (224 unidades), en el distrito de Paita, Piura. Ambos proyectos forman parte del programa integral de Fovipol de 1.005 inmuebles a igual número de familias de la policía en Lima, Chiclayo, Ica, Iquitos y Piura. Hasta el momento el Fovipol ha suministrado únicamente 45 casas en Los Faisanes, Chorrillos. Es decir, el 4,47% del total. Y, sin embargo, la entidad rechaza aceptar el primer grupo de 170 viviendas ubicadas en la región Piura, que ya están listas.

Todos los meses el Fovipol descuenta el 5% de sus ingresos a los policías en actividad y en retiro, con el propósito de financiar los requerimientos de vivienda. Pero las altas autoridades del Fovipol –designados por el comandante general de la Policía Nacional de turno– han cometido una serie de arbitrariedades e irregularidades que han derivado en el incumplimiento del objetivo principal: proporcionar viviendas a los efectivos policiales, como lo indica el informe de la auditoría que aplicó la Contraloría General de la República al Fovipol, fechado el 14 de diciembre del 2023.
Ni puertas ni ventanas

El 20 enero del 2020, el coronel PNP Herbert Ramos Ruiz, quien como gerente general del Fovipol firmó contrato con el Grupo Inmobiliario Kinsa para la habilitación de los proyectos de vivienda en Piura, fue relevado del cargo y en su lugar fue designado el general PNP Samuel Peralta Ramos. Una semana antes de que el Gobierno decretara el aislamiento social por la epidemia del Covid-19, el general Peralta, autorizó la transferencia de S/25 millones a la constructora Kinsa para que iniciara la construcción del 25% (170 unifamiliares) de las viviendas en Paita y Catacaos.

Como sucedió con diversos sectores económicos, la emergencia sanitaria afectó el cumplimiento del cronograma establecido, por lo que la empresa inmobiliaria Kinsa solicitó una revisión de las fechas. Pero el general Samuel Peralta se negó.

Así que los representantes de Kinsa presentaron una queja ante el Directorio del Fovipol, que finalmente aceptó como nueva fecha de entrega de un primer grupo de 170 viviendas (114 en Las Palmeras de San Pablo y 56 en Oasis de Colán), y le encargó al general Peralta que facilitara el cumplimiento de la fecha. Pero Peralta hizo todo lo contrario.

“El general Peralta se oponía a recibir las casas, pese a que había un nuevo cronograma y una adenda al contrato aprobada por el Directorio de Fovipol. Llegó a decirme que solo quería hablar con mi esposo, no conmigo, porque no trataba con mujeres”, señaló la representante del Grupo Inmobiliario Kinsa, Valeria Landa Vásquez.

Cuando faltaba solo un mes para que Kinsa entregue los 170 inmuebles, el general Peralta, repentinamente, solicitó una prueba para determinar la resistencia de la estructura, la que hizo sin los equipos adecuados. Peralta alegó que los resultados fueron negativos y trató de disolver el contrato. Sin embargo, la constructora presentó otras pruebas independientes que desvirtuaron las afirmaciones del gerente general del Fovipol.

Contraloría recomienda denunciar
La Contraloría General de la República recomendó a la Comandancia General de la PNP “disponer el inicio de acciones (para que) el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos”, y al procurador especializado en delitos de corrupción, “iniciar las acciones penales correspondientes”, contra los implicados en la auditoría aplicada al Fovipol que detectó potenciales delitos de corrupción.