El expresidente Pedro Castillo enfrentaría 34 años de prisión por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Así lo ratificó el Ministerio Público, en la audiencia de control de acusación realizada el 23 de mayo. Durante el juicio, la fiscal sustentó la motivación para acusar a Castillo Terrones por la presunta comisión de tres delitos, rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
La fiscal Galinka Meza Salas explicó cuanto tiempo pide por cada delito que se le atribuye. Es así que por el delito de rebelión, el Ministerio Público solicita una pena de 25 años de cárcel, mientras que los cargos que enfrentaría por presunto abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, son de 3 y 6 años de cárcel, respectivamente.
“En total, sumando por el concurso real de delitos, se ha solicitado para Pedro Castillo 34 años de pena privativa de la libertad, así como 3 años y 6 meses de inhabilitación", manifestó la fiscal Meza.
Por su parte, Luis Walter Medrano Girón, abogado de Pedro Castillo, observó la acusación presentada por la fiscal Galinka Meza. "La defensa técnica observa la acusación fiscal por defectos formales, requiere su corrección, en razón que dicha acusación no cumple con las exigencias previstas en el código procesal penal", explicó.
Los otros imputados, que también participaron de la audiencia, fueron los exministros de Castillo, Betssy Chávez, quien se desempeñaba como titular de la presidencia del Consejo de Ministros; Willy Huerta, quien era ministro del Interior; y Roberto Sánchez, congresista y ministro de Comercio Exterior y Turismo. Para los tres exfuncionarios, la Fiscalía pide una pena de 25 años de cárcel y dos años y medio de inhabilitación.
En el caso de Aníbal Torres, quien se desempeñó como jefe del Gabinete antes del nombramiento de Betssy Chávez, y era asesor de la PCM cuando Castillo Terrones dio el mensaje a la Nación anunciando su autogolpe, la Fiscalía pidió 15 años de prisión y dos años y medio de inhabilitación.
