Pese a pocos resultados. Ministerio del Interior anunció que esta medida se extenderá por 60 días para frenar los crímenes por sicariato y las extorsiones. Alcalde de SJL se opone porque no hay militares en las calles. Su colega de SMP sí está de acuerdo.
Aquel desayuno del 28 de octubre fue el último que Martín Solano López (49) pudo disfrutar con su familia porque esa mañana fue asesinado, en San Juan de Lurigancho (SJL), cuando iba a vender artículos en desuso en un local cuya dueña era extorsionada.
“Estamos casi como presos”, cuenta, desde San Martín de Porres (SMP), uno de los familiares del empresario Miguel Ángel Huanca Trebejo (41), quien fue secuestrado el 31 de octubre.
Esta es la realidad que aún viven miles de vecinos de SJL, SMP, pese a que, el 19 de setiembre pasado, el Ejecutivo declarara el estado de emergencia. La cantidad de homicidios y la violencia han seguido, según expertos.
No obstante, pese a las críticas, el censurado ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que se ampliará esa disposición por 60 días en SMP, SJL y también en los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa, ubicados en la provincia de Sullana (Piura).
Romero detalló que se han levantado las restricciones desde la medianoche hasta las cuatro de la mañana. Es decir, los locales nocturnos podrán funcionar sin problema. “Es la única modificatoria que hay”, expresó.
Pese a los crímenes y asaltos registrados, el ministro censurado dijo que esta medida sí ha dado resultados y citó el caso de Sullana, donde la tasa de robos, hurtos callejeros y homicidios ha bajado en 30% en sus distritos.
Sin embargo, la duda principal que envuelve a los ciudadanos de estos lugares es qué hará ahora el Gobierno para detener el control de los extorsionadores y sicarios que siguen actuando con impunidad. Una encuesta de Datum señala que un 94% cree que no hubo ningún cambio con el estado de emergencia.
