El director de la División de las Américas en Human Rights Watch habla sobre el ataque que existe por parte del Congreso y el Ministerio Público contra el sistema judicial en el país.
El fiscal Rafael Vela dará hoy su informe oral por la apelación a la suspensión de ocho meses sin goce de haber que le impuso la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. El director asociado de la División de las Américas en Human Rights Watch, César Muñoz, advierte las implicancias de este hecho para la justicia en el Perú.

—Los fiscales que ven el caso Lava Jato enfrentan investigaciones internas que llaman a alarma. Por ejemplo, el fiscal Rafael Vela Barba ha tenido que presentar una apelación contra la suspensión de su cargo por ocho meses, sanción impuesta por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. ¿Qué piensa?

—Nosotros nos encontramos muy preocupados por los procesos disciplinarios que se han abierto en contra de fiscales en el Perú, particularmente los que trabajan en temas de corrupción. Los fiscales anticorrupción no solamente tienen el derecho sino el deber de informar al público sobre los casos.

—¿Que ellos tienen?

—Que ellos tienen, así es. Hay una obligación de rendición de cuentas, sobre todo en casos que tienen un gran impacto social sobre los derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones públicas. El caso del fiscal Vela se basa en una crítica a una decisión judicial de la misma manera que un abogado defensor puede criticar también una decisión judicial. Abrir un proceso disciplinario en contra de Vela por falta muy grave —no estamos hablando de que sea corrupto, no es que hayan aparecido audios o videos sobre él que lo comprometan— lo que hace es socavar la lucha contra la corrupción, que, en el Perú, se trata de un problema enorme. Es completamente desproporcionado.

—Ahora, no es solamente el caso de los fiscales.

—Estamos viendo cómo otros actores judiciales, los que defienden la ley, son los que están enfrentando estos procesos. Si se sigue adelante con esta sanción, si se rechaza la apelación de Vela mañana (hoy) o en los siguientes días, vamos a tener una situación en la que el fiscal Vela podría quedarse sin protección policial, sin poder trabajar, sin goce de haber. En realidad, parece que el objetivo central es obligarlo a renunciar. Y, como le digo, esto se enmarca en un contexto mayor.

—¿Cuál?

—Un contexto de ataque en contra de cualquier institución democrática e independiente del Perú. Solo sobre el caso de la justicia, vimos la destitución de la fiscal Zoraida Ávalos por una decisión que cabe dentro de su autonomía, de su interpretación de la ley. Vemos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) siendo perseguida por defender la independencia judicial. Vemos a jueces siendo investigados por la admisión de un amparo, que es una decisión judicial. Eso está protegido por el derecho internacional. Es decir, un juez no puede ser perseguido por tomar una decisión o de un lado o de otro, porque entonces no hay independencia judicial. Hay un ataque de varios frentes contra la independencia judicial en el Perú.