En el año 2005 tramitó ante un juez para que se reconozca la existencia y validez de la concesión de Consettur en la ruta a Machu Picchu por un periodo de treinta años. Indecopi determinó que ese contrato no era válido.
Una raya más al tigre es una expresión que encaja bien cuando se revisa el pasado de Alejandro Soto Reyes, el actual presidente del Congreso de la República.
En el año 2005, el también legislador de Cusco elegido por Alianza para el Progreso (APP) hizo de representante legal de Consettur (Consorcio de Empresas de Transporte Turístico Machupicchu SAC).
Esta empresa de transportes tiene la concesión para trasladar turistas a la ciudadela de Machu Picchu. Son los únicos buses que recorren la serpenteante ruta Hiram Bingham que parte desde Machupicchu Pueblo hasta la maravilla mundial. Por ello cobran tarifas diferenciadas para turistas extranjeros, nacionales, estudiantes, etc. La más cara vale 24 dólares y la más módica 8 soles. Un negocio redondo teniendo en cuenta que el recorrido demora menos de una hora (ida y vuelta)
El año 2005, Soto Reyes firmó un documento ante un juez de paz letrado de la provincia de Urubamba, Cusco, para exigir que judicialmente se reconozca la existencia y, en consecuencia, la validez del contrato entre su representada y la Municipalidad Distrital de Machupicchu.
En la solicitud al juez se adjunta un manuscrito tipeado a máquina con el papel membretado de la municipalidad distrital. En este se precisa que Consettur operará por 30 años esa ruta, el periodo máximo que prevé la ley orgánica de municipalidades. A cambio de los derechos de concesión, la entidad edil recibirá 3.000 dólares mensuales. En sus fundamentos, Alejandro Soto explica las razones de este trámite denominado “reconocimiento de documento prueba anticipada”. Sostiene que ante el cambio de autoridades se pretende desconocer la concesión.
