Caso Keiko Fujimori. Captaron fondos para financiar la interposición de nulidades de resultados electorales, así como apelaciones y otras acciones legales. Empresarios del sector inmobiliario y de casinos figuran entre los aportantes en la sombra.
Por haber captado, transferido y ocultado fondos para el financiamiento de la campaña contra el falso fraude electoral en la segunda vuelta presidencial, el fiscal José Domingo Pérez resolvió ampliar la investigación por lavado de activos, con la agravante de organización criminal, contra Keiko Fujimori y los siguientes dirigentes de Fuerza Popular: Luis Galarreta Velarde, Miguel Torres Morales, Karina Beteta Rubin, Milagros Takayama Jiménez y la contadora del partido Lindman Miranda Zamalloa.
Según la disposición fiscal a la que tuvo acceso La República, luego de los resultados de la votación del 6 de junio de 2021, que dieron como ganador al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, Keiko Fujimori no solo desconoció el resultado, sino que emprendió una furibunda campaña de mentiras sobre presuntas irregularidades para alterar la voluntad popular.
Con el falso argumento de una supuesta conspiración entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), Keiko Fujimori y sus presuntos cómplices de Fuerza Popular afirmaban sin pruebas que se le había arrebatado el triunfo en beneficio del “candidato comunista” Pedro Castillo.
Keiko Fujimori consiguió que su falsa narrativa del fraude electoral fuera respaldada por los medios de comunicación que apoyaron su candidatura en la segunda vuelta, y así inició la captación de fondos para financiar su nueva campaña tras la derrota.
“Esa campaña de engaño y desprestigio con el supuesto fraude es la fuente generadora de aportes sospechosos de diversos empresarios dedicados a las inmobiliarias, empresarios que se dedican a los juegos de tragamonedas y la participación de abogados de los estudios jurídicos más reconocidos del país. Es así que el partido Fuerza Popular logró recaudar, recolectar o recibir un poco menos de dos millones de soles en aportes en efectivo y en especie entre el 13 de marzo de 2021 a 30 de julio de 2021, en ellas, están incluidas las tasas para las apelaciones y nulidades”, describió el fiscal José Domingo Pérez en el mandato de ampliación del caso por lavado de activos.
“Todo ello demostraría que la campaña del fraude era un mecanismo de la organización criminal enquistada en Fuerza Popular para causar intranquilidad en la sociedad, ya que —a través de la desinformación, noticias falsas y desacreditación de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Reniec— se buscó engañar a la ciudadanía, causarle miedo sobre el proceso electoral, con el objetivo de obtener beneficios económicos, poder político y generar crisis en el país, desestabilizándolo, tal y como ha ocurrido en las elecciones pasadas”, precisó el fiscal Pérez.
Entre enero y julio de 2021, Fuerza Popular reportó 473 aportes en efectivo de dinero a la ONPE, pero anuló 142 de ese total (30%), lo que es significativo para el fiscal.
