Adjunto en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, recalcó la necesidad de tener una política nacional de reparación para las víctimas del conflicto armado interno.
A 20 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), Percy Castillo Torres -adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo- afirmó que hasta el momento no se ha reparado suficientemente a todas las víctimas y sus familiares del periodo de la violencia interna.
En ese sentido, señaló que no se cuenta con una política nacional de reparaciones para estas víctimas. “Gran parte del cambio de estrategia implica tener ahora una política, a la cual nos podamos orientar y sobre todo que cuente con los presupuestos que permitan avanzar en estas reparaciones”, indicó.
Informó que, si bien hasta agosto de 2023 se ha atendido a 87, 412 víctimas con un monto de S/330 millones, la suma es "exigua" y se requiere una atención del Estado.
Respecto a las reparaciones en salud, dijo que la población beneficiaria, a través del SIS, fue 126 mil 205. No obstante, advirtió que las víctimas y sus familiares, por el grado de afectación sufrida, necesitan y exigen un nivel de atención de cobertura mayor.
Asimismo, expuso que en educación de las 200 mil víctimas solo se han podido atender a 13,163; y que en el área de acceso habitacional de las 72 mil 101 personas sólo se han beneficiado 5,497.
Castillo detalló que de los 52 casos en proceso judicial, 23 cuentan con sentencia condenatoria, 8 con sentencias absolutorias, y 22 están pendientes de pronunciamientos por parte de la administración de justicia.
Especificó que esto se debe a dificultades como las demoras en el Poder Judicial que hacen que los familiares y testigos vayan falleciendo y que eso impide proseguir con las investigaciones. También mencionó retrasos en el control de la acusación, en el inicio del juicio oral, en la identificación de los restos y que en algunas de las investigaciones fiscales al interior del país no han contado con fiscalías especializadas.
A nombre de la institución, hizo un llamado para establecer y valorar el papel de la memoria en una sociedad postconflicto. “Es necesario que se tome conciencia de la necesidad de crear y preservar las memorias de este periodo de violencia. Esta debe ser una actividad del Estado y la sociedad civil”, dijo.
La actividad contó con la presencia de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia Luigino Piloto, el representante del Poder Judicial, el juez supremo Rolando Burneo.
En la ceremonia, encabezada por el Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, se entregó trofeos de reconocimiento a los excomisionados de la CVR Rolando Ames y Sofía Macher.
