Informe de la Contraloría revela un millonario perjuicio económico por compras directas autorizadas por Jorge Pérez

La Contraloría General de la República (CGR) estableció que el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, deberá ser sometido a procedimiento administrativo por su desempeño como gerente de central de operaciones de EsSalud en el año 2021.

Según el informe de auditoría N° 063-2022 Pérez dio el visto bueno a la resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 0884-PE-ESSALUD, de fecha 23 de setiembre del 2021, que aprobó la contratación directa N° 290-2021 para la adquisición de plantas de oxígeno para hospitales de Loreto, Ica y Ucayali, sin haber advertido que cuatro meses antes ya se habían comprado plantas de oxígeno de 40 m3/h.

El resultado de la auditoría indica que Pérez Flores incumplió sus obligaciones establecidas en los literales O y S del artículo 19 del Reglamento Interno de Trabajo para los empleados comprendidos en el régimen laboral de actividad privada del Seguro Social de Salud. Esto quiere decir que el actual gobernador no salvaguardó los recursos del Estado, pues debió evitar cualquier acción que signifique despilfarro o uso indebido que vaya en perjuicio de la economía de EsSalud.

Cabe indicar que las conclusiones fueron presentadas a la presidencia ejecutiva de EsSalud en diciembre del año pasado.

El abogado penalista, Luis Carrasco Lucero, señaló que el resultado de la Contraloría corresponde al desempeño que Pérez tuvo en EsSalud. “De acuerdo a las normas vigentes, disponen de 2 años para encauzarlo en un proceso administrativo. Por el momento esto no afecta su cargo público. Si llega la sanción, esta se registrará en el sistema (una vez que quede consentida) y podría ser una destitución o inhabilitación”, sostuvo.

La medida que se imponga a Pérez estará en función de la gravedad del hecho cometido. Carrasco opinó que el tema penal no está descartado. “El hecho cuestionado está ahí y eso generará que el órgano disciplinario investigue. Y lo que se encuentre será comunicado al Ministerio Público, pero ese trámite tomará más tiempo”, explicó el letrado.

Los resultados de la auditoría N° 063 detallan que los funcionarios involucrados generaron un perjuicio económico por el monto de S/ 1 millón 479 mil durante la adquisición de la planta generadora de oxígeno para la Red Asistencial de Ica. Ello, además de los direccionamientos a favor de los proveedores en cada proceso.

La irregularidad se repitió en la Red Asistencial de Iquitos y el perjuicio es de S/ 178 mil 959. Mientras que en la Red Asistencial de Ucayali el perjuicio asciende a S/ 156 mil 370.

A través de la indagación, el ente de control determinó que los equipos entregados por los contratistas tampoco cumplían las especificaciones técnicas, y la entidad no dio trámite a la aplicación de penalidades por estas fallas.