Incluso después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalara que ocurrieron graves violaciones contra los derechos humanos por las muertes de 49 civiles ocurridas el marco de las protestas antigubernamentales, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República declaró improcedente la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte.
También salieron librados el expremier Pedro Angulo; el exministro de Defensa y hoy premier, Alberto Otárola; el exministro del Interior, Víctor Eduardo Rojas Herrera; y el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
Así lo dio a conocer la propia SAC, que detalló que se obtuvo como resultado 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. Los votos a favor llegaron desde el fujimorismo y la derecha.
Esta situación se da a solo dos días de que la CIDH en el contexto de las protestas publicará el informe “Situación de Derechos Humanos en Perú”, en el que se reconoce que el gobierno y las fuerzas del orden hicieron uso de fuerza letal y desproporcionada y que las múltiples muertes en masa constituyen ejecuciones extrajudiciales e incluso masacres.
La denuncia constitucional fue presentada por la congresista Ruth Luque con el respaldo de las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Democrático, luego de la alta cifra de decesos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
Cuando la iniciativa fue propuesta, a inicios de este 2023, en el Perú se contabilizaban 25 muertes, pero a pesar de los graves hechos, la represión continuó. Actualmente, la Defensoría del Pueblo reporta que ocurrieron 49 muertes de civiles, 1 efectivo de la Policía Nacional y seis militares, además de 11 decesos producidos en el marco de las protestas como bloqueos de carreteras y accidentes.
Entre todas estas muertes también se contabilizan los decesos de ocho menores de edad, todos ellos fallecidos por impactos de proyectiles de arma de fuego, incluso cuando no participaban en las manifestaciones.
“Desde el inicio de las protestas sociales y con la declaratoria de estado de emergencia y como consecuencia del ingreso de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para “mantener el orden interno”, se han suscitado varias violaciones a derechos fundamentales por el uso desmedido de la fuerza y el uso de armas letales”, señalaba el documento del informe de la denuncia constitucional 333.
