Mediante un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo propuso al Congreso, agravar las penas e inhabilitar a aquellas personas que cometan el delito de minería ilegal.
La iniciativa modifica el delito de minería ilegal previsto en el artículo 307-A y sus formas agravadas establecidas en el artículo 307-B, así como la incorporación de la inhabilitación en el artículo 307-F del Código Penal.
En tal sentido, incrementa la pena de las formas agravadas e introduce la inhabilitación para estos delitos, con la finalidad de contribuir a la mejora de la tutela penal de la integridad personal, el patrimonio, la correcta administración de justicia, la preservación y la estabilidad del medio ambiente.
Además, precisa que si el agente (que comete el delito) es parte de una organización criminal, se aplican las penas previstas en el artículo 317 del Código Penal, sobre organización criminal.
