
Pedro Castillo, no estaría obligado a asistir al pleno del Congreso para responder sobre las reuniones en su domicilio en Breña con funcionarios de Estado y representantes de empresas privadas. Su silencio podría tener lugar en caso se admita a debate la moción de vacancia presidencial respaldada, por ahora, por las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País.
En efecto, el constitucionalista Omar Cairo afirmó a este diario que ni el mandatario Pedro Castillo ni su abogado podrían responder ante el Parlamento sobre las visitas que, de acuerdo a la Contraloría, constituyen “una situación adversa” que podría “afectar la transparencia”, ya que no están incluidas dentro de los siete argumentos establecidos en la moción impulsada por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País).
“Cuando dicen que con esta vacancia no quieren destituir al presidente Pedro Castillo, sino que solo vaya a responder, están cometiendo un error porque el presidente no está obligado a responder. Si es que va, él solo va a ir a dar un discurso, no va a responder ninguna pregunta”, manifestó.
Seguidamente, el abogado explicó que, en caso los legisladores consideren que estas reuniones de Castillo Terrones constituyen una infracción a la Constitución, entonces podrían optar por un proceso de juicio político, contemplado en los artículos 99 y 100 de la Carta Magna, y no por la vacancia presidencial, ya que esta prerrogativa “no sirve para sancionar presidentes”.
“Si se admite (la moción) no puede incluirse las visitas de Breña. Si se amplía, se puede ver una moción incluyendo el tema de Breña. Eso podría ser materia de discusión, pero sería improcedente, ya que la vacancia no permite castigar al presidente por hechos delictivos. Para eso se hace un juicio político”, señaló.
Cabe mencionar que, luego de tener las 28 firmas para presentar la moción de vacancia, el Pleno decidió que el próximo martes 7 de diciembre se determinará si se admite a debate la vacancia del presidente Pedro Castillo. La cantidad de votos necesaria para que sea admitida es de 52 (40% de los parlamentarios).