Antes del descubrimiento de “Los Dinámicos del Centro”, existió una organización similar, “La Gran Familia”, con vínculos con funcionarios y militantes de Perú Libre en el Gobierno Regional de Junín.
El fiscal especializado en lavado de activos Richard Rojas Gómez, encargado de la investigación de “Los Dinámicos del Centro”, detectó que la modalidad del aprovechamiento de cargos en el Gobierno Regional de Junín para financiar las actividades de Perú Libre tiene antecedentes en el caso de “La Gran Familia”, que también involucra a funcionarios de la misma entidad.
En el 2019, Vladimir Cerrón Rojas asumió por segunda vez como gobernador de Junín, teniendo como vicegobernador a Fernando Orihuela Rojas. En agosto de ese mismo año, debido a que Cerrón recibió una condena por corrupción, Orihuela lo reemplazó en el cargo.
Según el fiscal Richard Rojas, Orihuela continuó con un esquema de presunta corrupción que había impuesto Vladimir Cerrón, que consistía en favorecer a determinados proveedores a cambio de pagos ilícitos. La defensa de Cerrón y Orihuela rechazó las imputaciones.
Cuando hizo un registro de los antecedentes de Fernando Orihuela, como parte de las diligencias por el caso Los Dinámicos del Centro, el fiscal Rojas encontró que enfrentaba 10 investigaciones por actos contra la administración pública, entre ellos por el caso de “La Gran Familia”.
Fue la fiscal anticorrupción de Huancayo, Bonnie Bautista Catunta, quien asumió la investigación de “La Gran Familia”, que implica al actual gobernador de Junín, Fernando Orihuela. Bautista luego también se encargaría de “Los Dinámicos del Centro”, indagación que también involucra a Fernando Orihuela.
De acuerdo con el fiscal Richard Rojas, durante la gestión del 2019 a la actualidad, las gestiones de Cerrón y Orihuela favorecieron con contrataciones por más de 5,2 millones de soles a empresas proveedoras cuyos propietarios serían miembros de la familia de Fernando Orihuela.
Conocida modalidad
Las compañías beneficiadas con las contrataciones serían de Eva Orihuela Galván y Josué Vásquez Orihuela, presuntos parientes del gobernador de Junín, entre otros.
Las empresas contratadas que ofrecían servicios de tercerización de médicos para la Dirección Regional de Salud de Junín, por coincidencia, son administradas por personas con parentesco: Eva Orihuela Galván, Jean Colachagua Orizano, Edgar Colachagua Osco, Josué Vásquez Orihuela, Chris Colachagua Vivanco, Elizabeth Villanueva Bendezú y Carlos Ticllas Huamán.
Conforme a la hipótesis de la fiscalía, los proveedores pagaban al gobernador regional para recibir los contratos y parte de este dinero se destinaba a su partido, Perú Libre.
“(Estas personas), a cambio de ser favorecidas, habrían beneficiado al investigado (Fernando Orihuela Rojas) con dinero maculado (de procedencia ilícita), no solo para su beneficio propio, sino también para favorecer el partido Perú Libre”.
Esos fondos de origen ilícito se destinaron “a la economía formal del partido, a través de sus representantes, candidatos, miembros o militantes, y así sean usados en gastos de campaña, alimentación, hospedaje, material logístico, viáticos, pasajes, movilidad, adquisición de bienes muebles e inmuebles, entre otros”, describe el fiscal Richard Rojas.
El caso de “Los Dinámicos del Centro” es muy similar. La fiscalía sugiere que las autoridades del gobierno regional de Junín –encabezados por Fernado Orihuela, y con el patrocinio de Vladimir Cerrón– usaron la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones para hacer cobros ilegales a los usuarios, especialmente a los ciudadanos que gestionaban licencias de conducir. El dinero ilícito acopiado se dividía una parte en beneficio de los funcionarios implicados, y otra parte se dirigía al financiamiento de las actividades de Perú Libre.
